Archivos Mensuales: enero 2015

LEY WERT: ¿HAY DIFERENCIAS ENTRE PP Y PSOE EN MATERIA DE EDUCACIÓN? NEOLIBERALISMO Y EDUCACIÓN EN ESPAÑA, UN LARGO PEREGRINAR DESDE LOS AÑOS 80

Neoliberalismo y Educación en España, un largo peregrinar desde los años 80.

Una idea ha calado hondo entre el conjunto de la población: la educación en nuestro país está casi peor que nuestra economía y esto se debe a la ausencia de consenso entre los grandes partidos y al gran número de leyes (reformas y contrarreformas) que han sido aprobadas tras la Transición. Justamente sucede lo contrario: existe un consenso entre las fuerzas del sistema en educación tan solvente como los que existen a nivel económico, judicial o sanitario. Sólo los matices ideológicos y los tiempos en la aplicación de las medidas mercantilizadoras diferencian la política educativa de PSOE y PP.

La génesis de los sistemas educativos modernos.

La extensión de los sistemas educativos modernos tiene como hito histórico la revolución francesa, donde la burguesía busca asegurar una mínima igualdad de oportunidades para todas las ciudadanas y ciudadanos. El título nobiliario de la organización social aristocrática anterior sería sustituido como pasaporte de movilidad social por el título académico. La escolarización pretende conseguir que la derrota del antiguo régimen en la esfera material lo sea también en el campo ideológico: “El lazo más fuerte que puede unir a todos los miembros de una sociedad es la semejanza de sus principios, y esta semejanza sólo puede existir como resultado de la enseñanza otorgada a todos los ciudadanos” (Saint-Simón). Además, se persigue crear cohesión social en torno no ya a una persona -el Rey- o un proyecto religioso -la iglesia católica- sino al proyecto de estado moderno de corte burgués y, para ello, debe asegurarse la configuración de un potente aparato ideológico a través de la escuela. En España, como las guillotinas no llegaron a palacio, las cosas fueron más despacio. La Ley Moyano (1857) que se mantuvo vigente con pequeños cambios hasta 1970, marcó la senda del devenir de la instrucción pública prácticamente hasta que el franquismo daba sus últimos coletazos, al menos, oficiosamente.

De cómo hemos llegado hasta aquí: 1985-2011.

El profesor Apple (1995) agrupa las tendencias de la derecha en educación en torno a dos tipos de medidas. De un lado, las de corte neoliberal, que persiguen la mercantilización de la enseñanza y, de otro, las de corte neoconservador, que tienen por objetivo asegurarse el control efectivo del sistema educativo a nivel ideológico. La espiral mercantilizadora en España comienza cuando el PSOE asume como mal menor la renuncia a la “escuela única” que había caracterizado su programa educativo desde los años 20 del siglo pasado. Así reconocen a la enseñanza concertada en pie de igualdad de la pública al hablar únicamente de “centros sostenidos con fondos públicos” en la LODE (1985). Esta renuncia, a cambio de “hacer más pública” la enseñanza concertada, al establecer la participación de las familias y alumnos en los órganos de gobierno de los centros concertados fue el pistoletazo de salida de lo que vendría después.

La LOGSE (1990), a su vez, consagra la doble red pública-privada y un modelo de currículum que responde a su visión más federalizante del estado respecto al PP al repartir la configuración del currículo en al menos, un 55% para el estado y un 45%, como máximo, para las comunidades autónomas. Entre los aspectos positivos figura la extensión de la enseñanza obligatoria hasta los 16 años, se consolidan los Consejos Escolares instaurados en la LODE e incluye algunos ribetes de comprehensividad en su modelo educativo. La LOPEGCE (1995), aprobada un año antes del fin del gobierno de Felipe González, resolvió la tesitura de dar más protagonismo a las familias y aumentar la “calidad” de la enseñanza desde unos postulados radicalmente neoliberales. Partió de tres premisas: a) crear distritos únicos para que las familias puedan elegir un centro de acuerdo a sus convicciones y deseos; b) dar autonomía a los centros para que se financien y organicen conforme a su modelo educativo y de funcionamiento de tal manera que ofrezcan “productos” diferenciados; y c) los centros deben esforzarse en mejorar para captar más clientes de modo que se consigue una mejora general de la “calidad” educativa. Frente a ese modelo, la propuesta desde la izquierda era más sencilla e igualitaria pero más tediosa para la administración: un modelo de proximidad. Cada alumno o alumna estudiaría en el centro de su barrio dando a las familias más protagonismo en los centros y también al alumnado. De este modo, la administración no tendría más remedio -si no quería padecer movilizaciones educativas- que dotar de recursos suficientes a todos y cada uno de los centros públicos que, funcionando de forma democrática, con la participación de madres y padres, alumnado y profesorado, perseguirían el bien común de cada centro.

Establecido este modelo de cuasimercado, el PP ya tenía el trabajo sucio realizado cuando llegó al poder en 1996. La LOCE (2002) únicamente aceleraba la configuración de los distritos únicos, otorgando una mayor libertad de elección a las familias y ahondando en una gestión más empresarial de los centros. El PP, asimismo, puso cierto énfasis en los componentes neoconservadores que diferencian a ambos partidos en el campo de la educación. La primera medida tenía que ver con el modelo de estado, -conscientes de lo que un día dijo Rousseau apropósito de que “la verdadera educación es la que debe dar a las almas la forma de la educación nacional y dirigir de tal modo sus opiniones y gustos, que sean patriotas por inclinación, por pasión, por necesidad.”- recentralizando en lo posible la educación. Para asegurarse el control ideológico del currículo se impulsó la creación de las conocidas reválidas. Además, pretendió contentar al sector más conservador del profesorado con bonitas y rimbombantes palabras acerca de la autoridad.

El PSOE lo tuvo fácil para diferenciarse del PP cuando volvió al poder en 2004. Renunció a corregir el disparate de equiparar pública y concertada y siguió hablando de “centros sostenidos con fondos públicos” pero derogó la LOCE del PP y aprobó una Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006) que sólo retocaba algunos aspectos de la LOGSE y LOCE: dejó de hablar de integración (ahora inclusión) y contentó a las derechas nacionalistas catalanas y vascas volviendo a otorgarles el protagonismo que una vez el PP intentó arrebatarles en cuanto al control ideológico del currículo y la gestión del sistema educativo. No revisó los acuerdos con el Vaticano en cuanto a enseñanza de la religión –a pesar de una mayoría social que lo apoyaba- y la religión siguió en las escuelas públicas a cambio de la creación de una nueva asignatura, la educación para la ciudadanía, que además cumplió brillantemente con el cometido de diferenciar a los dos partidos mayoritarios en lo accesorio ocultando el consenso en lo fundamental.

La Ley Wert: neoliberalismo y neoconservadurismo.

La LOMCE, o Ley Wert, del actual gobierno de Mariano Rajoy es un ataque brutal a la enseñanza pública, a la participación democrática de la comunidad educativa en los centros y a la igualdad de oportunidades. Pretende profesionalizar la gestión del gobierno de los centros acabando con el poco margen de decisión que tenían los Consejos Escolares y potenciando la figura del director. Convierte de facto la enseñanza pública en subsidiaria de la concertada. Se trata de dar rango legal a lo que es un hecho -tres sistemas educativos para tres clases sociales-: una enseñanza privada para las élites, una enseñanza concertada para las denominadas “clases medias” y una enseñanza pública para las clases populares.
Llama la atención la supresión de la Prueba de Acceso a la Universidad y su sustitución por dos pruebas. La primera será una reválida al acabar el segundo curso de bachillerato que tendrá un peso del 40% sobre la nota final del bachillerato. Posteriormente, deberán superar las pruebas específicas que las universidades podrán incluir en determinados estudios. En la práctica podría suponer la expulsión de los estudiantes procedentes de la enseñanza pública de tales estudios, conocida la afición de determinados centros privados por inflar los expedientes de su alumnado para evitar que las pruebas generales -como la consabida reválida o la extinta PAU- jueguen malas pasadas a su alumnado. Y si aun así no se les logra siempre les quedará la universidad privada cuya principal prueba de acceso será la capacidad económica de las familias o tirar de otro de los criterios de admisión previstos en la ley: “la formación complementaria”, que seguramente los centros privados ofrecerán a sus bachilleres previo paso por caja.

En este mismo sentido, se pretende tomar medidas absolutamente aberrantes como la diferenciación curricular entre los centros desde primaria dividiendo el currículo en bloques de materias. Será un absurdo: habrá un mayor control de los contenidos por la administración central en todo el estado, mientras dos centros que se encuentren a escasa distancia física llegarán a ofertar asignaturas diferentes desde el primer curso de primaria. Como guinda, se re-instaura la doble vía al acabar la enseñanza obligatoria creando dos itinerarios en cuarto de ESO: uno dirigido a la FP y otro al bachillerato. Seguramente la más nociva de cuantas medidas propone la Ley Wert sea esta “especialización” de los centros, eufemística manera de ocultar la diferenciación de los mismos y su clasificación en rankings previas evaluaciones públicas auspiciadas por la administración. Sin lugar a dudas, dará lugar a centros de primera, de segunda y tercera categoría y surgirán, como no, centros-ghetto. Por ello, la Ley Wert supone la consagración del modelo neoliberal aplicado a la enseñanza. Un viaje que no comenzó el 20 de Noviembre de 2011 con la llegada del PP al poder sino mucho antes, cuando una parte de la izquierda decidió renunciar a sus supuestas señas de identidad en educación. Tristemente, para que el Partido Popular pueda construir semejante esperpento, alguien antes colocó los cimientos.

Borja Llorente Álvarez.

http://www.diagonalperiodico.net/asturies/ley-wert-hay-diferencias-entre-pp-y-psoe-materia-educacion.html

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RECUPERANDO LA MEMORIA DE LA LUCHA EN LA ENSEÑANZA PÚBLICA

Corren tiempos aciagos para la mayoría de mujeres y hombres de este país, no solo por las consecuencias de este expolio al que llaman crisis, sino, además, por el ataque feroz a tantos derechos obtenidos después de años de lucha contra las clases privilegiadas y sus instrumentos de poder, que convierten en ciencia económica lo que no es más que el propósito de las élites del Estado de incrementar sus beneficios exprimiendo hasta el límite al resto de la población.

Pero existe una memoria de las clases populares, de la clase trabajadora, en la que se ha plantado cara al poder y que a menudo no ha sido recogida por la historia oficial. En educación, hubo un movimiento formado por alumnas y alumnos, padres, madres, profesoras y profesores que no aceptó hace veinticinco años lo que entonces se pretendía desde el poder económico y político, y que consiguió pararlo en la calle. Es el momento de recordarlo, como ejemplo de una movilización que obligó al poder a claudicar.

En 1987, una enorme crisis económica se abatía sobre este país desde hacía ya casi una década. El porcentaje de paro superaba el 20% de la población activa y el paro juvenil en los y las menores de 29 años rozaba el 50%. Las políticas del gobierno del PSOE, aunque pretendidamente dirigidas a acabar con la crisis, se habían centrado en cumplir los acuerdos para la adhesión de España a la CEE (actual UE): para ello, elaboraron una serie de planes de ajuste cuyas piedras angulares fueron la reconversión industrial y la reforma del Estatuto de los Trabajadores, donde se introdujeron nuevas formas de contratación y de despido, vinculadas a la reducción de los costes laborales mediante la moderación salarial y la flexibilización del despido.
Faltaba una tercera pata para completar el trípode: la reforma educativa, y es este contexto económico el que explica los principales objetivos de dicha reforma.

La política educativa del gobierno del PSOE se centró en la elaboración de una gran reforma que tuvo dos pilares fundamentales: el abaratamiento de los costes de la educación pública, y el control social de una juventud rebelde y muy castigada por la falta de expectativas. Una élite de expertos en diferentes ámbitos de las ciencias sociales (entre los que se contaba el propio ministro Maravall) se encargaron del primero de los objetivos con dos importantes decisiones: disminuir el número de estudiantes que accedían a la educación superior por medio de controles de acceso en las etapas educativas previas, y aplicar la política de moderación salarial en el profesorado, estableciendo divisiones sectoriales entre ellos y evitando la homologación de sus salarios con el resto del funcionariado público. El segundo escalafón del ministerio, formado fundamentalmente por un importante sector de miembros de comunidades católicas progresistas surgidas del Concilio Vaticano II, se encargó de la producción de un nuevo discurso educativo, conformado por un lenguaje en teoría apolítico y no conflictivo, de innegables raíces cristianas, destinado a moderar el espíritu juvenil (proceso de moralización) y despolitizarlo y así apartar el pensamiento verdaderamente crítico del espacio de la educación.

Así aparece la primera gran ley educativa de la transición (LODE), promulgada por el PSOE en 1985. En ella se sentaron las bases de la educación concertada tal y como la conocemos hoy, garantizando las subvenciones a este tipo de centros, mayoritariamente religiosos, por encima incluso de las inversiones en la enseñanza pública. Las siguientes actuaciones fueron un endurecimiento de la Selectividad y la consiguiente introducción de numerus clausus en el acceso a la Universidad. Al coincidir esto con un aumento demográfico muy importante, numerosos jóvenes quedaron fuera del sistema educativo superior, y algunos de ellos se reunieron en Asamblea en Madrid en septiembre de 1986. Fue el germen de las huelgas estudiantiles que se prolongaron de forma discontinua durante seis meses, y en la que los y las estudiantes reclamaron la eliminación de la selectividad, la absoluta gratuidad de la enseñanza pública, el mantenimiento de los exámenes de septiembre (pues el Ministerio proyectaba su eliminación reduciéndo las oportunidades de los estudiantes), y mayor inversión para la educación pública en forma de aumento del presupuesto de los propios centros (centros que estaban construidos deficientemente, con una escasa dotación material y una gran masificación en las aulas), frente a la privada concertada. Pero fue la Selectividad la que se convirtió en el centro de la protesta: lo que las autoridades presentaban como un recurso técnico y racional al estar combinado con la limitación numérica en los estudios universitarios, en realidad era una forma de que una parte importantísima de las y los estudiantes nunca pudiera estudiar aquello hacia lo que se sentía inclinado.

La protesta fue larga. La respuesta del Estado, brutal, llegando a su punto culminante en la manifestación del 23 de enero de 1987, cuando la estudiante María Luisa Prada fue herida de bala por la policía. Finalmente, en las negociaciones de marzo de 1987 la Selectividad se mantuvo, y esto ha hecho que se hayan considerado poco destacables los resultados obtenidos por las y los estudiantes: mantenimiento de los exámenes de septiembre, aumento del presupuesto de los centros públicos, eliminación de las tasas académicas (el bachillerato fue por primera vez completamente gratuito en el curso 87-88) y la suspensión temporal de las reformas educativas. Pero lo más importante de este movimiento estudiantil fue que abrió una brecha en el sistema político del momento, con el uso de un lenguaje asambleario que apostaba por la autoorganización plenamente horizontal, que rechazaba toda intermediación de organizaciones burocráticas y que posteriormente fue adoptado por otros colectivos y movimientos reivindicativos organizados en forma de coordinadora: personal médico de hospital, conductores de autobuses y profesores y profesoras de EGB y enseñanzas medias. La muestra de que esto constituyó un peligro a la “normalidad institucional” (en palabras de Felipe González) fue la colaboración de todos los medios de comunicación asociando la reivindicación estudiantil con la violencia vandálica y gratuita como único icono de las protestas.

Paralelamente a estos acontecimientos, el Gobierno intentó sacar adelante un Estatuto del Profesorado que lo dividía en tres tramos, con el fin de que los salarios dependieran de una combinación de antigüedad en la profesión, méritos y algún tipo de examen. Así los sueldos no se regirían por los mismos conceptos que el resto del funcionariado público y se abría la puerta a la desfuncionarización de los y las docentes. Pero este proyecto de ley se encontró muy pronto con la oposición del profesorado: es evidente que la larga huelga de los estudiantes influía en los docentes, la convicción de los jóvenes, la seriedad de la organización y lo loable de su reivindicación (poder estudiar sin barreras artificiales) habían creado un caldo de cultivo que se sustanció en una huelga convocada en Sevilla en enero de 1987 por profesoras y profesores afiliados a CCOO (al margen de la dirección), y que pronto se extendió a todas las grandes ciudades del Estado.

Una de las características del movimiento reivindicativo del profesorado fue que desde el inicio se distanció de los sindicatos mayoritarios y grupos políticos y, formados en Asamblea, con el nombre de Coordinadora, establecieron un calendario de huelgas intermitentes de dos días por semana exigiendo la retirada del proyecto de Estatuto del Profesorado. El seguimiento fue masivo: un 80% del profesorado se puso en huelga. Y las convocatorias posteriores mantuvieron un similar grado de seguimiento. Además de lo anterior, las reivindicaciones planteadas fueron la homologación retributiva del profesorado con el resto del funcionariado de igual titulación, jubilación anticipada a los 60 años económicamente incentivada, regulación de la responsabilidad civil de los y las docentes por los accidentes del alumnado a su cargo y estabilidad en el empleo del profesorado interino y reconocimiento de su antigüedad para el acceso al funcionariado.

Las profesoras y profesores en huelga tuvieron que luchar contra dos contrincantes inesperados a lo largo de la extensa movilización: los medios de comunicación y algunos sindicatos mayoritarios que pretendieron inicialmente capitalizar las protestas y posteriormente difuminarlas llegando a pactos con el Ministerio al margen de los trabajadores. Para ello se habían convocado las primeras elecciones sindicales en el ámbito de la educación (diciembre de 1987), que se resolvieron con una altísima abstención. Estas organizaciones sindicales más próximas al poder necesitaban la legitimidad electoral que no les reconocían las asambleas de profesores para poder negociar con la administración en lugar de la Coordinadora; así fue como, en marzo de 1988, cuatro sindicatos firmaron una serie de acuerdos con el Ministerio que posteriormente fueron rechazados en referendum por el 82% del profesorado.

A partir de ese momento, entraron en juego los medios comunicación: cuando la huelga se alargó en el tiempo y quedó claro que los docentes iban a mantener sus movilizaciones y no estaban dispuestos a dejarse guiar por organizaciones afines al gobierno se inició una campaña de los diarios de información nacional (algunos editoriales del diario El País son antológicos) pretendiendo desautorizar y desprestigiar a las profesoras y profesores ante la sociedad.

Finalmente, tras más de un año de movilizaciones, convocatorias de huelgas intermitentes y una huelga indefinida convocada por la Coordinadora, el Ministerio comenzó las negociaciones a finales de la primavera de 1988, y en otoño se firmó un nuevo acuerdo retributivo con un importante aumento salarial y un proceso de homologación paulatino (que incluía los sexenios), un nuevo sistema de acceso a la función pública para interinos, un aumento en la inversión de la educación pública destinada a los centros (que impidió que durante un tiempo se incrementaran los fondos a la escuela concertada y así se ralentizó su extensión), el acuerdo sobre la jubilación anticipada a los 60 años, un nuevo concurso de traslados, y la regulación del sistema de acceso de maestros a profesores de secundaria.

Y así, después de casi dos años de movilizaciones conjuntas de estudiantes, madres y padres, profesoras y profesores, además de importantes mejoras en las condiciones laborales y salariales de las trabajadoras y trabajadores de la enseñanza se consiguió paralizar una ley en la que ya se vislumbraba el camino hacia la mercantilización de la educación que tan actual nos parece hoy; una ley redactada en un lenguaje falsamente pedagógico y buenista de raíces cristianas, y diseñada por los hijos de las élites ilustradas del franquismo con criterios de fondo economicista como el abaratamiento de costes y la eficiencia, y que esgrimía la bandera de la calidad como mecanismo para la desigualdad. Una ley que llevaba aparejada la paulatina profesionalización del cuerpo de directores, y el reforzamiento de un nuevo cuerpo de inspección (cuerpo que fue suprimido en estos años, y que no sería de nuevo creado hasta la LOPEG de 1995) como medida más eficaz contra la democratización de los centros educativos y la participación asamblearia de toda la comunidad educativa en la toma de decisiones.

A partir de entonces,y tras ese intermedio de varios años ganados al Poder con la protesta y la lucha de 1987 y 1988, de nuevo, una maraña de leyes, órdenes y circulares han ido restringiendo la autonomía de los centros, y buscando convertir la labor docente en un laberinto burocrático sin fin con el propósito claro y directo de acabar con la energía y el placer de educar, enseñar, aprender.

http://malaga.cnt.es/spip.php?article813

Panfleto

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DOS DE CADA TRES PROVINCIAS HAN RECORTADO PERSONAL EN SANIDAD O EDUCACIÓN DESDE 2009

Se puede llamar “reorganización”, “ajuste” o “recorte”. Pero el dato es igual de elocuente. En los últimos cinco años, dos de cada tres provincias españolas han disminuido el personal autonómico dedicado a la docencia no universitaria y al sistema de salud. En el ámbito de Administración de Justicia, donde doce comunidades tienen competencias, la situación no ha sido mejor: han disminuido su personal en este sector en tres de cada cinco provincias. Es lo que queda tras un lustro de ajustes en la administración pública autonómica, según se desprende de los datos del Registro Central del Personal, publicados por el Ministerio de Hacienda.

Entre julio de 2009 y julio de 2014 los funcionarios regionales dedicados a la enseñanza no universitaria han bajado en 28 de las 43 provincias de las que hay información [descargue aquí la base de datos], incluyendo las plazas que han quedado vacantes y que no han sido repuestas. Se trata de una información que las mismas comunidades remiten a Hacienda, pero sin utilizar una metodología común en su recogida y tratamiento. Por ello, no está disponible para todos los sectores de todas las comunidades.

Es suficiente, sin embargo, para afirmar que Jaén, Cáceres y Madrid son las provincias donde más estragos han hecho los recortes regionales a la enseñanza pública. La capital cuenta hoy con un 7% de profesores y maestros menos que en 2009. Es decir, el “ahorro” en este sector ha llegado a cambio de renunciar a 3.760 profesionales en toda la Comunidad.

En Cáceres, la disminución ha sido parecida. Jaén, sin embargo, ha sido la provincia más golpeada de toda España: en cinco años ha perdido el 10% de profesionales públicos en este sector. En términos absolutos, se trata de 1.100 profesores menos. La otra cara de la moneda la representan los datos del País Vasco: entre sus tres provincias, en 2014 hay 9% de profesores más que cinco años antes.

Un caso emblemático de la falta de coordinación entre comunidades y Hacienda lo representan los datos de La Rioja. Según el registro del personal, Logroño habría perdido el 21% de sus docentes. Sin embargo, la cifra se debe a que, desde 2012, en esta autonomía los profesores interinos cobran en junio, y los datos se remiten a Hacienda en julio. Por ello, se hace imposible la comparación con la fecha anterior.

Menos sanidad, más Mossos

En la misma línea, en el caso de la Sanidad, sólo se puede efectuar la comparación para 38 de las 52 provincias españolas. Entre ellas, 26 tienen hoy menos funcionarios que hace cinco años. También en este ámbito, las comunidades donde más se ha recortado son las de Madrid y Andalucía.

En la capital, en estos cinco años se ha recortado el 9% del personal médico. O, lo que es lo mismo, se ha prescindido de 6.670 trabajadores autonómicos en los hospitales y ambulatorios públicos. En Granada y Málaga el color político regional es el opuesto, pero los datos son parecidos. La bajada ha sido respectivamente del 8% y del 7%. Debido a los ajustes en la contabilización de efectivos, no es posible realizar la comparación con Castilla La Mancha, Valencia y Cataluña, las otras comunidades más pobladas, en el período analizado.

En esta última comunidad, eso sí, es posible comprobar cómo han crecido las fuerzas de seguridad, que son de competencia autonómica. La Generalitat ha aumentado el número de Mossos d’Esquadra en un 13%. A modo de comparación, cabe destacar que en la educación no universitaria el número de profesores ha bajado un 1,2% en el mismo período.

Hachazo a consejerías y justicia

Sólo doce comunidades tienen transferidas competencias de Administración de Justicia. En concreto, se encargan de dotar a juzgados y tribunales del personal, instalaciones y medios informáticos necesarios para su funcionamiento. En el caso andaluz, el recorte de personal se ha hecho efectivo en todas las provincias, al contrario que en Cataluña, donde ha aumentado en todas. A nivel nacional, hay 1.380 funcionarios menos en este ámbito.

Pero el mayor batacazo se lo han llevado los funcionarios que trabajan en las consejerías autonómicas o en otros organismos públicos regionales. Aquí, de media, un lustro de recortes se ha llevado por delante el 14% de funcionarios de las 43 provincias analizadas.

El récord, este sentido, se lo lleva María Dolores de Cospedal. En Castilla- La Mancha, según los datos de Hacienda, se ha prescindido de 7.600 funcionarios que trabajaban en las consejerías o sus organismos autónomos, una disminución del 39%.

http://www.elconfidencial.com/espana/2015-01-11/dos-de-cada-tres-provincias-han-recortado-personal-en-sanidad-y-educacion-desde-2009_619253/

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