Archivo de la categoría: acción sindical

La Sección Sindical de Enseñanza de CNT apoya la lucha de las intérpretes de signos de secundaria

Tras largo tiempo de abusos y despropósitos, con una situación laboral de absoluta precariedad a pesar de la importancia social de su labor, las intérpretes de signos de Málaga están en lucha con diversas acciones contra la administración.

La función social de lxs intérpretes de signos, especialmente en los centros públicos de secundaria, es fundamental para la integración de lxs adolescentes, y lxs docentes que hemos tenido la oportunidad de trabajar con ellxs en clase conocemos bien el valor de su trabajo. No así la administración de la Junta, a la que le basta con referirse a ello cuando le conviene ponerse medallitas y silenciar, sin embargo, su nefasta actitud: el servicio se deriva a una empresa privada, que impone unas condiciones absolutamente inadmisibles a lxs trabajadorxs (más información aquí).

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En Málaga, el colectivo ha iniciado movilizaciones que comenzaban con un encierro en el edificio de la Delegación Territorial de Educación, y que fue impedido por la policía.

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Desde la sección sindical de enseñanza del SOV de CNT-Málaga manifestamos nuestro apoyo a la lucha de estas trabajadoras, suscribiendo las reivindicaciones de su manifiesto y exigiendo a la Junta de Andalucía que cese de privatizar servicios de fundamental importancia social.

http://malaga.cnt.es/spip.php?article1047

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La CNT de Fraga constituye una Sección Sindical de Enseñanza en el CEIP San José de Calasanz

Lxs compañerxs de la CNT de Fraga han constituido una Sección de Enseñanza en un colegio de la localidad.  Desde esta Sección de Enseñanza de Málaga nos alegramos y felicitamos por tamaño logro (lxs trabajadorxs de la educación lo sabemos bien).

Comunicamos que recientemente un grupo de trabajadorxs del CEIP San José de Calasanz de Fraga y afiliadxs a la CNT, hemos constituido la Sección Sindical de Enseñanza en el mismo centro.

Las causas que han motivado la constitución de la Sección Sindical son varias:

– Por los diferentes abusos continuados, el deterioro de las relaciones laborales en el centro de trabajo y la vulneración de derechos.

– Para defender y reclamar nuestros derechos laborales Y velar por unas condiciones de trabajo dignas, por la defensa del empleo.

– Por el empobrecimiento significativo de la Enseñanza Pública maniobrada por diferentes administraciones (local, autonómica y central) para aplicar políticas de recortes en Educación con la excusa de la “crisis” y el “por encima de nuestras posibilidades”, pero que responden únicamente a intereses ideológicos de corte conservador.

– Por una enseñanza pública y de calidad.

Ante esta situación y como trabajadorxs responsables y ciudadanxs conscientes no podíamos permanecer calladxs.

Por eso, hemos decidido organizarnos y constituir la Sección Sindical de Enseñanza de CNT, porque además, hemos comprobado que hay otras formas de hacer sindicalismo, sin recibir subvenciones de ningún tipo, ni disponer de liberadxs sindicales. Un sindicalismo, donde el delegadx sindical es nombrado en asamblea y es revocable automáticamente, si así lo deciden lxs trabajadorxs de la sección, un delegadx que no tiene privilegios, donde todas las decisiones se toman en asamblea; un modelo sindical amparado por Ley Orgánica de Libertad Sindical y la propia Constitución.

¡Por la defensa de nuestros derechos!

¡Por una Enseñanza Pública y de Calidad!

¡Únete a nosotr@s!

Sección Sindical de Enseñanza de CNT en el CEIP San José de Calasanz de Fraga.

Sección Sindical de Enseñanza de CNT en el CEIP San José de Calasanz de Fraga.

E-mail: educacion@fraga.cnt.es

http://bajocincalibertario.blogspot.com.es/

http://arainfo.org/2015/04/cnt-constituye-la-seccion-sindical-de-ensenanza-en-el-ceip-san-jose-de-calasanz-de-fraga/

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Enfrentamiento en la Escuela Municipal de Música de Buitrago del Lozoya

Compañerxs de la Sección Sindical de CNT en el Ayuntamiento de Buitrago de Lozoya denuncian el despido de la directora de la Escuela de Música y Danza de la localidad por su perfil reivindicativo: los criterios de “excelencia y elitismo” son los que priman en el Ayuntamiento, del PP.  Senda Norte, publicación de la Sierra Norte de Madrid, hace un resumen del conflicto y da voz a todas la partes implicadas: alcaldía, representantes sindicales y toda la comunidad educativa.

3+2, APUNTALANDO LA UNIVERSIDAD DEL MERCADO

El pasado 30 de enero nos despertamos con una desagradable noticia, un nuevo ataque en forma de Real Decreto Ley del gobierno contra los/as estudiantes que introduce el modelo 3+2 (3 años de grado y 2 de posgrado/máster). De nuevo el ministro Wert legisla contra la opinión mayoritaria de la comunidad educativa y sin realizar ningún tipo de consulta, una muestra más del cariz autoritario de este gobierno que se empeña en hacernos cada día las cosas más difíciles, sin acceso a la enseñanza, sin acceso a la vivienda, recortando en sanidad,  reprimiendo en las calles, limitando la libertad de expresión… nada nuevo, parece que ya hasta nos hayamos acostumbrado a cargar sobre nuestras espaldas los sacrificios y los excesos de una élite que vive por y para si misma, como es lógico.

Esta reforma universitaria se veía venir desde hacía tiempo, puesto que no es más que la continuación del Espacio Europeo de Educación Superior, “Plan Bolonia” y la Estrategia Universidad 2015, que proviene de directrices de la Unión Europea en un simulacro de convergencia y falsa movilidad de los/as estudiantes en el territorio europeo.

 Qué supone esta reforma

Actualmente los grados universitarios tienen una duración de 4 años y posteriormente la posibilidad de realizar un máster de 1 año, la reforma cambia de 4 a 3 y de 1 a 2. Aparentemente puede resultar un cambio superficial, pero 3+2 es solo el título de una macabra representación de la exclusión de la enseñanza superior de los sectores populares, la devaluación de la enseñanza ofertada y un nuevo marco educativo focalizado en la formalización de la universidad-empresa como apéndice del mercado global.

Lo primero y más llamativo es la obviedad de que en 3 años no se adquieren los mismos conocimientos que en 4. Se pretende hacer unos grados de 3 años cuyos contenidos sean sumamente generalistas y quien quiera adquirir una mínima base tendrá que realizar un máster. La siguiente observación sería el disimulado encarecimiento de la enseñanza superior que supone. El cálculo es muy sencillo, si el crédito (forma de medir el trabajo realizado por el/la estudiante, por lo general una asignatura son 6 créditos) en una universidad pública madrileña ronda los 27€, el de un máster 65€. Si un grado actual de 4 años son 240 créditos y un máster de un año 60 créditos, un grado de 3 serían 180 créditos y el máster de 2 años 120 créditos. Esto nos lleva a que el 4+1 supondría un gasto alrededor de los 10000€ por estudiante y el 3+2 rondará los 14000€. Y recordamos que las antiguas licenciaturas (5+0)  rondaban los 5000€. Lo dicho, una subida indiscriminada del coste que supone el acceso a la enseñanza superior.

Además de estos datos reales e irrefutables, tenemos toda una serie de falsedades sobre las que el ministro y sus acólitos se refugian para promocionar las supuestas bondades del 3+2. La punta de lanza de su argumentario es la llamada convergencia europea, la supuesta mayor facilidad que tendrán los/as estudiantes a la hora de realizar parte de su carrera en el extranjero. Este argumento es algo especialmente retorcido, puesto que a las escasas plazas ofertadas en las becas Erasmus,  que permiten realizar un año de la carrera en otra universidad europea, hay que sumar las irrisorias ayudas económicas que se proporcionan que no permiten llevar una vida digna el año que se pasa fuera y que nadie se podría permitir sin la necesaria ayuda familiar. La movilidad solo está al alcance de quien económicamente se la pueda permitir. Además, en el marco de la Unión Europea ya se funciona con el sistema de créditos ECTS, por lo que la posibilidad de convenios entre universidades ya se puede dar por usar un marco común en la cuantía del trabajo realizado por el/la estudiante. Ojalá se copiase a Europa en lo que realmente se necesita, universidad gratuita y/o grandes ayudas al estudio.

 Escuela de élites, fábrica de precarios/as

Todas estas reformas sobre el mundo de la enseñanza, desde Bolonia, pasando por la LOMCE hasta el 3+2, no responden a una situación excepcional de crisis económica, ya que todas estas reformas están ideadas antes de la crisis, si no que responde a los intereses de las élites económicas y políticas. La enseñanza es probablemente uno de los espacios más importantes de reproducción de los valores dominantes, que no son más que los de la clase dominante que controla y maneja a su antojo. Por ello todas las reformas en el mundo de la enseñanza siempre están encaminadas a una mejor adaptación a los ritmos y necesidades del mercado, los cuales son antagónicos a los intereses de quien quiere enseñar y de quien quiere aprender. De esta forma los centros de estudio dejan de ser espacios de generación y transmisión de saberes, para ser meros apéndices de un modelo económico y político. Sumado a los contenidos docentes y los marcos legislativos, nos encontramos también con la nula existencia de una mínima democracia interna de puertas para adentro en las universidades, donde cada vez cobran más protagonismo los “Consejos Sociales”, donde las empresas más importantes están representadas y orientan de esta manera los planes y proyectos de las universidades.

El resultado al final es la tendencia a generar unas universidades de primera y otras de segunda, fomentar las desigualdades de puertas para adentro y la competitividad entre iguales. Si alguna vez los servicios públicos fueron garante de una cierta redistribución de la riqueza y la igualdad de oportunidades, ese tiempo ya ha acabado. Hoy la universidad está cada vez más al alcance de menos jóvenes, y una gran parte ya ni se lo plantean.

 Resistencias y movilización

Toda acción provoca una reacción. Y esta ley ha vuelto a visibilizar el conflicto que de forma permanente existe en los campus universitarios e institutos. Un conflicto que ha supuesto un gran desgaste para los distintos movimientos de resistencia, pero que aun así continúan y continuarán. El 26 de febrero se han sucedido jornadas de huelga en Catalunya, Galiza y Aragón, y para el 24 de Marzo también está convocada en la Comunidad de Madrid.

En un contexto de retroceso de derechos generalizado, un bastión tan importante como la educación debe ser un espacio de ebullición reivindicativa, la juventud sin ningún tipo de esperanza en lo existente no puede ser si no un motor de cambio necesario. Un cambio que no puede quedarse en la derogación de tal o cual ley, puesto que estas leyes son indisociables del proyecto político de las élites, por tanto es importante confrontar también en ese aspecto, reideando y reinventando lo que conocemos ahora por universidad e instituto, generar desde las luchas un nuevo proyecto educativo al servicio de la transformación social, con la gratuidad, la universalidad y la gestión comunitaria como ejes vertebradores de dicho proyecto.

*Para más información acerca de las movilizaciones y protestas recomendamos la visita de la web de la Federación Estudiantil Libertaria www.felestudiantil.org

http://www.todoporhacer.org/3mas2

3-2

3+2: RAZONES PARA UNA HUELGA

3+2 no es igual a una mejor universidad. Esto denuncian la mayoría de los sindicatos de estudiantes de las universidades públicas del país, que, después de meses de organización, han convocado una huelga para el 26 de febrero. Se trata de una jornada de protesta contra el decreto aprobado por el ministro Wert y como herramienta para parar la Estrategia Universidad 2015.

El decreto denominado 3+2 pretende reducir la duración de los grados a tres años y aumentar la de los másteres a dos para imitar el sistema universitario del resto de países europeos. Con el Plan Bolonia se previó la posibilidad de modificar la licenciatura a grados de tres o cuatro años. Una vez decidido que constarían de cuatro cursos con un año más de máster, el 3+2 llega sin haber hecho una valoración del anterior modelo. Las estudiantes denuncian que se trata de una medida que comportará un encarecimiento de los estudios superiores y, en consecuencia, la elitización de la universidad. Esta reforma se enmarca en un contexto de precariedad del sistema universitario español. La financiación de las universidades públicas se ha visto reducida en un 24% en cuatro años a la vez que se subían las tasas al alumnado y se endurecían las condiciones de acceso a las becas.

Así pues, ¿que supondrá el 3+2?

3+2 = desregulación

La reforma no da unas pautas claras sobre qué grados pasarían a ser de tres años, con 180 créditos a cursar, y cuáles continuarían teniendo cuatro, el equivalente a 240 créditos. De momento, parece que algunos estudios científicos y tecnológicos mantendrían la misma duración, mientras que los relacionados con las ciencias sociales y humanidades tenderían a la reducción a los tres cursos. Cada universidad tendrá libertad para decidir su plan de estudios, hecho que puede dar lugar al aumento de competitividad entre universidades para captar alumnos ofreciendo precios más baratos o una mejor formación.

3+2 = formación básica

Se suprime la especialización durante el grado, que pasa a tener un contenido muy elemental, y que los sindicatos señalan que se convertirá en una continuación del bachillerato. Esto supone también la eliminación de ciertas carreras. Por ejemplo, Arqueología sería un máster que se podría cursar después del grado de Historia. La oferta actual de másteres públicos es del 40% frente al 60% de privados. Se pronostica que con el 3+2 esta tendencia iría a la alza. Se tendría la oportunidad de suprimir los másteres públicos que sean poco productivos, imposibilitando así el acceso de algunos jóvenes a ciertos estudios y profesiones por el elevado precio de matrícula de la especialización.

3+2 = encarecimiento

El ministro Wert afirma que la reducción del grado a tres cursos abaratará los costes de los estudios. Evidentemente, con menos cursos habrá menos matrículas y menos dinero que pagar. Ahora bien, como el grado tendrá un contenido formativo básico, el máster pasará a ser de carácter casi obligatorio, hecho que disparará el gasto por alumno en sus estudios universitarios. Actualmente, un crédito de grado cuesta entre 18 y 40 euros y uno de máster público entre 40 y 60 euros. Según el Observatorio del Sistema Universitario (OSU), el encarecimiento progresivo de las universidades es un hecho constatado desde hace tiempo. Se calcula que en 2011 las aportaciones monetarias de los estudiantes representaban, de media, un 12% de los gastos totales de las universidades públicas, mientras que en el curso 2013 había aumentado hasta el 25%. De hecho, desde la aprobación del Real Decreto Ley 14/2012, mediante el cual cada comunidad autónoma podía fijar los precios de matrícula de sus universidades públicas, las tasas han subido hasta el 65%, y llegan a doblarse en el caso de repetir una asignatura.

3+2 = beneficio para los bancos

El externalización de parte del ciclo educativo perjudica el alumnado con menos recursos económicos, pero es una inyección para las entidades financieras y las empresas. El 3+2 y la consiguiente subida de los precios de los estudios superiores permitirán en los bancos ofrecer más préstamos dirigidos exclusivamente a las universitarias. La Caixa, Kutxabank, Banco Santander y Banco de Sabadell son algunas de las entidades bancarias que ya conceden créditos con intereses de hasta el 7% específicamente para los jóvenes que no pueden pagarse los estudios.

3+2 = elitización de la universidad

La privatización de la educación es denunciada por las organizaciones estudiantiles desde hace tiempo. El 3+2 sesgará el alumnado de forma que la gente más cualificada será la que puede pagarse la titulación completa. A pesar de la denuncia de este hecho, el Ministerio de Educación defiende el 3+2 alegando que pagar tres cursos reducirá el gasto de los estudiantes. En muchos puestos de trabajo, sin embargo, es condición imprescindible tener el título de licenciatura, equivalente al actual 4+1 (cuatro cursos de grado y uno de máster), que, con la aplicación de este decreto, pasaría a ser de 3+2. Además, hay que mencionar la reducción de las ayudas universitarias en becas. Para acceder a las becas generales hace falta una nota mínima de 6,5 en la Selectividad y haber aprobado todos los créditos para poder renovarla los cursos siguientes.

https://www.diagonalperiodico.net/saberes/25848-32-razones-para-la-huelga.html

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RECUPERANDO LA MEMORIA DE LA LUCHA EN LA ENSEÑANZA PÚBLICA

Corren tiempos aciagos para la mayoría de mujeres y hombres de este país, no solo por las consecuencias de este expolio al que llaman crisis, sino, además, por el ataque feroz a tantos derechos obtenidos después de años de lucha contra las clases privilegiadas y sus instrumentos de poder, que convierten en ciencia económica lo que no es más que el propósito de las élites del Estado de incrementar sus beneficios exprimiendo hasta el límite al resto de la población.

Pero existe una memoria de las clases populares, de la clase trabajadora, en la que se ha plantado cara al poder y que a menudo no ha sido recogida por la historia oficial. En educación, hubo un movimiento formado por alumnas y alumnos, padres, madres, profesoras y profesores que no aceptó hace veinticinco años lo que entonces se pretendía desde el poder económico y político, y que consiguió pararlo en la calle. Es el momento de recordarlo, como ejemplo de una movilización que obligó al poder a claudicar.

En 1987, una enorme crisis económica se abatía sobre este país desde hacía ya casi una década. El porcentaje de paro superaba el 20% de la población activa y el paro juvenil en los y las menores de 29 años rozaba el 50%. Las políticas del gobierno del PSOE, aunque pretendidamente dirigidas a acabar con la crisis, se habían centrado en cumplir los acuerdos para la adhesión de España a la CEE (actual UE): para ello, elaboraron una serie de planes de ajuste cuyas piedras angulares fueron la reconversión industrial y la reforma del Estatuto de los Trabajadores, donde se introdujeron nuevas formas de contratación y de despido, vinculadas a la reducción de los costes laborales mediante la moderación salarial y la flexibilización del despido.
Faltaba una tercera pata para completar el trípode: la reforma educativa, y es este contexto económico el que explica los principales objetivos de dicha reforma.

La política educativa del gobierno del PSOE se centró en la elaboración de una gran reforma que tuvo dos pilares fundamentales: el abaratamiento de los costes de la educación pública, y el control social de una juventud rebelde y muy castigada por la falta de expectativas. Una élite de expertos en diferentes ámbitos de las ciencias sociales (entre los que se contaba el propio ministro Maravall) se encargaron del primero de los objetivos con dos importantes decisiones: disminuir el número de estudiantes que accedían a la educación superior por medio de controles de acceso en las etapas educativas previas, y aplicar la política de moderación salarial en el profesorado, estableciendo divisiones sectoriales entre ellos y evitando la homologación de sus salarios con el resto del funcionariado público. El segundo escalafón del ministerio, formado fundamentalmente por un importante sector de miembros de comunidades católicas progresistas surgidas del Concilio Vaticano II, se encargó de la producción de un nuevo discurso educativo, conformado por un lenguaje en teoría apolítico y no conflictivo, de innegables raíces cristianas, destinado a moderar el espíritu juvenil (proceso de moralización) y despolitizarlo y así apartar el pensamiento verdaderamente crítico del espacio de la educación.

Así aparece la primera gran ley educativa de la transición (LODE), promulgada por el PSOE en 1985. En ella se sentaron las bases de la educación concertada tal y como la conocemos hoy, garantizando las subvenciones a este tipo de centros, mayoritariamente religiosos, por encima incluso de las inversiones en la enseñanza pública. Las siguientes actuaciones fueron un endurecimiento de la Selectividad y la consiguiente introducción de numerus clausus en el acceso a la Universidad. Al coincidir esto con un aumento demográfico muy importante, numerosos jóvenes quedaron fuera del sistema educativo superior, y algunos de ellos se reunieron en Asamblea en Madrid en septiembre de 1986. Fue el germen de las huelgas estudiantiles que se prolongaron de forma discontinua durante seis meses, y en la que los y las estudiantes reclamaron la eliminación de la selectividad, la absoluta gratuidad de la enseñanza pública, el mantenimiento de los exámenes de septiembre (pues el Ministerio proyectaba su eliminación reduciéndo las oportunidades de los estudiantes), y mayor inversión para la educación pública en forma de aumento del presupuesto de los propios centros (centros que estaban construidos deficientemente, con una escasa dotación material y una gran masificación en las aulas), frente a la privada concertada. Pero fue la Selectividad la que se convirtió en el centro de la protesta: lo que las autoridades presentaban como un recurso técnico y racional al estar combinado con la limitación numérica en los estudios universitarios, en realidad era una forma de que una parte importantísima de las y los estudiantes nunca pudiera estudiar aquello hacia lo que se sentía inclinado.

La protesta fue larga. La respuesta del Estado, brutal, llegando a su punto culminante en la manifestación del 23 de enero de 1987, cuando la estudiante María Luisa Prada fue herida de bala por la policía. Finalmente, en las negociaciones de marzo de 1987 la Selectividad se mantuvo, y esto ha hecho que se hayan considerado poco destacables los resultados obtenidos por las y los estudiantes: mantenimiento de los exámenes de septiembre, aumento del presupuesto de los centros públicos, eliminación de las tasas académicas (el bachillerato fue por primera vez completamente gratuito en el curso 87-88) y la suspensión temporal de las reformas educativas. Pero lo más importante de este movimiento estudiantil fue que abrió una brecha en el sistema político del momento, con el uso de un lenguaje asambleario que apostaba por la autoorganización plenamente horizontal, que rechazaba toda intermediación de organizaciones burocráticas y que posteriormente fue adoptado por otros colectivos y movimientos reivindicativos organizados en forma de coordinadora: personal médico de hospital, conductores de autobuses y profesores y profesoras de EGB y enseñanzas medias. La muestra de que esto constituyó un peligro a la “normalidad institucional” (en palabras de Felipe González) fue la colaboración de todos los medios de comunicación asociando la reivindicación estudiantil con la violencia vandálica y gratuita como único icono de las protestas.

Paralelamente a estos acontecimientos, el Gobierno intentó sacar adelante un Estatuto del Profesorado que lo dividía en tres tramos, con el fin de que los salarios dependieran de una combinación de antigüedad en la profesión, méritos y algún tipo de examen. Así los sueldos no se regirían por los mismos conceptos que el resto del funcionariado público y se abría la puerta a la desfuncionarización de los y las docentes. Pero este proyecto de ley se encontró muy pronto con la oposición del profesorado: es evidente que la larga huelga de los estudiantes influía en los docentes, la convicción de los jóvenes, la seriedad de la organización y lo loable de su reivindicación (poder estudiar sin barreras artificiales) habían creado un caldo de cultivo que se sustanció en una huelga convocada en Sevilla en enero de 1987 por profesoras y profesores afiliados a CCOO (al margen de la dirección), y que pronto se extendió a todas las grandes ciudades del Estado.

Una de las características del movimiento reivindicativo del profesorado fue que desde el inicio se distanció de los sindicatos mayoritarios y grupos políticos y, formados en Asamblea, con el nombre de Coordinadora, establecieron un calendario de huelgas intermitentes de dos días por semana exigiendo la retirada del proyecto de Estatuto del Profesorado. El seguimiento fue masivo: un 80% del profesorado se puso en huelga. Y las convocatorias posteriores mantuvieron un similar grado de seguimiento. Además de lo anterior, las reivindicaciones planteadas fueron la homologación retributiva del profesorado con el resto del funcionariado de igual titulación, jubilación anticipada a los 60 años económicamente incentivada, regulación de la responsabilidad civil de los y las docentes por los accidentes del alumnado a su cargo y estabilidad en el empleo del profesorado interino y reconocimiento de su antigüedad para el acceso al funcionariado.

Las profesoras y profesores en huelga tuvieron que luchar contra dos contrincantes inesperados a lo largo de la extensa movilización: los medios de comunicación y algunos sindicatos mayoritarios que pretendieron inicialmente capitalizar las protestas y posteriormente difuminarlas llegando a pactos con el Ministerio al margen de los trabajadores. Para ello se habían convocado las primeras elecciones sindicales en el ámbito de la educación (diciembre de 1987), que se resolvieron con una altísima abstención. Estas organizaciones sindicales más próximas al poder necesitaban la legitimidad electoral que no les reconocían las asambleas de profesores para poder negociar con la administración en lugar de la Coordinadora; así fue como, en marzo de 1988, cuatro sindicatos firmaron una serie de acuerdos con el Ministerio que posteriormente fueron rechazados en referendum por el 82% del profesorado.

A partir de ese momento, entraron en juego los medios comunicación: cuando la huelga se alargó en el tiempo y quedó claro que los docentes iban a mantener sus movilizaciones y no estaban dispuestos a dejarse guiar por organizaciones afines al gobierno se inició una campaña de los diarios de información nacional (algunos editoriales del diario El País son antológicos) pretendiendo desautorizar y desprestigiar a las profesoras y profesores ante la sociedad.

Finalmente, tras más de un año de movilizaciones, convocatorias de huelgas intermitentes y una huelga indefinida convocada por la Coordinadora, el Ministerio comenzó las negociaciones a finales de la primavera de 1988, y en otoño se firmó un nuevo acuerdo retributivo con un importante aumento salarial y un proceso de homologación paulatino (que incluía los sexenios), un nuevo sistema de acceso a la función pública para interinos, un aumento en la inversión de la educación pública destinada a los centros (que impidió que durante un tiempo se incrementaran los fondos a la escuela concertada y así se ralentizó su extensión), el acuerdo sobre la jubilación anticipada a los 60 años, un nuevo concurso de traslados, y la regulación del sistema de acceso de maestros a profesores de secundaria.

Y así, después de casi dos años de movilizaciones conjuntas de estudiantes, madres y padres, profesoras y profesores, además de importantes mejoras en las condiciones laborales y salariales de las trabajadoras y trabajadores de la enseñanza se consiguió paralizar una ley en la que ya se vislumbraba el camino hacia la mercantilización de la educación que tan actual nos parece hoy; una ley redactada en un lenguaje falsamente pedagógico y buenista de raíces cristianas, y diseñada por los hijos de las élites ilustradas del franquismo con criterios de fondo economicista como el abaratamiento de costes y la eficiencia, y que esgrimía la bandera de la calidad como mecanismo para la desigualdad. Una ley que llevaba aparejada la paulatina profesionalización del cuerpo de directores, y el reforzamiento de un nuevo cuerpo de inspección (cuerpo que fue suprimido en estos años, y que no sería de nuevo creado hasta la LOPEG de 1995) como medida más eficaz contra la democratización de los centros educativos y la participación asamblearia de toda la comunidad educativa en la toma de decisiones.

A partir de entonces,y tras ese intermedio de varios años ganados al Poder con la protesta y la lucha de 1987 y 1988, de nuevo, una maraña de leyes, órdenes y circulares han ido restringiendo la autonomía de los centros, y buscando convertir la labor docente en un laberinto burocrático sin fin con el propósito claro y directo de acabar con la energía y el placer de educar, enseñar, aprender.

http://malaga.cnt.es/spip.php?article813

Panfleto

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El Cero eN conducTa nº2, PUBLICACIÓN DE LA SECCIÓN DE ENSEÑANZA DE CNT DE MADRID, SALE A LAS CALLES

Ya dimos noticia en este blog del regreso de Cero eN conducTa, boletín de la Sección de Enseñanzas no Universitarias de Madrid, y hoy os traemos el segundo número con el afán de leerlo y disfrutarlo.

https://educacioncntmalaga.wordpress.com/2014/05/28/vuelve-cero-en-conducta-boletin-de-la-seccion-de-ensenanzas-no-universitarias-de-cnt-de-madrid/

Vuelve a los centros de enseñanza un nuevo número del boletín anarcosindicalista Cero eN conducTa. Este es el segundo número y el último de este año 2014. Volvemos para acercarnos a aquellas mentes inquietas que siguen con hambre de cambiar este mundo con la intención de ofrecer el punto de vista de los trabajadores de la enseñanza no universitaria de la CNT-AIT madrileña sobre nuestra actualidad laboral y, sobre todo, para acercarnos a diversas inquietudes culturales y pedagógicas que hacen de este autogestionado boletín algo único en el panorama sindical español, como lo es la propia CNT.

Como siempre esperamos despertar alguna conciencia, y empujar a nuestras lectoras/es hacia la práctica de la solidaridad y la acción directa frente al empuje de aquellos que buscan en el voto, en los partidos y la politiquería la solución mágica a este sistema. Nosotras/os tenemos claro que este sistema nos muestra todos los días la corrupción endémica que circula por sus venas y que es la mejor radiografía de este mundo donde sólo los ingenuos todavía intentan negar la evidencia que señala que el poder corrompe (y la sumisión degrada).

Descárgatelo en:

http://es.scribd.com/mobile/doc/247948132

http://ensemad.cnt.es/articulo/el-cero-en-conducta-n-2-sale-las-calles

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